La Justicia argentina ordenó el decomiso de más de veinte propiedades pertenecientes a Cristina Fernández de Kirchner y a sus hijos, en una resolución que vuelve a encender las alertas sobre la actuación del Poder Judicial bajo el Gobierno del Presidente Javier Milei. La medida se enmarca en la causa Vialidad y se produce en un momento de alta tensión entre el oficialismo y el peronismo.
El fallo dispone la entrega de un inmueble de la ex Presidenta y diecinueve bienes heredados por Máximo y Florencia Kirchner, además de más de ochenta propiedades vinculadas al empresario Lázaro Báez. Aunque se presenta como un procedimiento derivado de la condena, distintos sectores sostienen que la sincronía entre las resoluciones judiciales y el discurso del Ejecutivo evidencia una presión política de alto nivel.
La intervención del tribunal coincide con la ofensiva pública que Milei mantiene contra las principales figuras del kirchnerismo. Esta convergencia alimenta la percepción de que la justicia está actuando en línea con la estrategia del Gobierno para debilitar a la oposición, especialmente a la dirigenta con mayor peso histórico dentro del peronismo.
La defensa de Cristina Fernández advierte que el decomiso forma parte de un cerco judicial que busca limitar su presencia política. El traspaso de bienes ya comenzó, mientras continúan las apelaciones y se mantiene el debate sobre si estas decisiones responden a criterios jurídicos o a una operación política impulsada desde el poder central.
