El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, declaró que las acciones militares de Estados Unidos cerca de Venezuela son inaceptables. Lo afirmó en una entrevista con medios rusos, donde explicó que el Pentágono mantiene un operativo en el mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico. En ese operativo han ocurrido interceptaciones y ataques contra embarcaciones sin procesos judiciales visibles.
Lavrov dijo que estas acciones se producen mientras Rusia sostiene su apoyo al Presidente venezolano, Nicolás Maduro. Indicó que Washington no ha presentado pruebas públicas sobre los supuestos vínculos de las embarcaciones atacadas con actividades ilegales.
El despliegue militar estadounidense comenzó en agosto con tres buques de guerra y alrededor de 4.000 soldados en aguas del Caribe. Venezuela lo denunció como una amenaza directa y reforzó la vigilancia en sus fronteras. La tensión aumentó después de que la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, anunció una recompensa de 50 millones de dólares para lograr la captura del Presidente Maduro, con base en acusaciones rechazadas por Caracas.
El Gobierno venezolano solicitó la intervención del secretario general de la ONU, António Guterres, para detener la escalada. También activó a sus milicias y mantiene controles en puntos clave. Rusia informó que no ha recibido nuevas solicitudes de asistencia militar, pero confirmó que cumplirá los acuerdos de cooperación que están en proceso de ratificación. La portavoz María Zajárova señaló que el contacto entre ambos gobiernos es permanente.
Según autoridades rusas y venezolanas, el operativo de Estados Unidos no responde a una operación antidrogas. Indican que forma parte de una presión directa contra Venezuela y se relaciona con los recursos petroleros del país. Lavrov mencionó reportes de prensa europea sobre tráfico de drogas en Bélgica y apuntó que Estados Unidos mantiene tropas en ese territorio.
Los ataques estadounidenses contra pequeñas embarcaciones en el Caribe han recibido críticas de varios gobiernos latinoamericanos y de especialistas de Naciones Unidas. Plantean que estos hechos pueden considerarse ejecuciones sin proceso y que violan normas internacionales.
