El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y la primera dama, Cilia Flores, comparecieron ante un tribunal de Nueva York luego de haber sido secuestrados en su residencia de Caracas durante una incursión militar de Estados Unidos, registrada el 3 de enero de 2026.
Registros oficiales señalan que la operación fue ejecutada por comandos especializados del ejército estadounidense en territorio venezolano y estuvo acompañada de derramamiento de sangre. Las autoridades de Venezuela calificaron los hechos como un secuestro y una invasión contra la soberanía nacional.
Durante su primera intervención judicial, el Presidente Maduro se declaró prisionero de guerra, rechazó los cargos presentados y reafirmó su condición de jefe de Estado en funciones. Ante el juez, precisó que su detención ocurrió en el marco de una acción militar y no como resultado de un procedimiento judicial ordinario.
La primera dama Cilia Flores se declaró inocente de los cargos formulados en su contra y solicitó visita consular para ambos, conforme a los mecanismos internacionales vigentes.
De manera paralela, la representación diplomática de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas presentó solicitudes formales ante el Consejo de Seguridad de la ONU, en las que demandó el respeto de las inmunidades diplomáticas del Presidente de la República y de la primera dama, así como su retorno seguro al país.
En el ámbito interno, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dispuso que la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, asumiera la presidencia en condición de encargada, garantizando la continuidad institucional. En ese contexto, se desarrolló el Consejo de Ministros número 757 con la participación del gabinete ejecutivo.
